1. Tomar medidas efectivas para la prevención de la corrupción, y en este mismo sentido, elevar la conciencia pública y promover las conductas éticas;

2. Garantizar la criminalización coordinada de la corrupción nacional e internacional;

3. Garantizar que los responsables de la prevención, investigación, persecución y adjudicación de cargos de corrupción gocen de la independencia y la autonomía apropiada para sus funciones, se mantengan libres de influencias inadecuadas y cuenten con formas efectivas para reunir evidencia, proteger a quienes puedan ayudar a las autoridades a combatir la corrupción y preservar la confidencialidad de las investigaciones;

4. Brindar medidas adecuadas para la captura y detención de los señalados de cargos por corrupción;

5. Brindar medidas adecuadas para para evitar que los abogados y los profesionales del derecho sean utilizados para blindar u ocultar casos de corrupción;

6. Limitar la inmunidad para la investigación, persecución y adjudicación de cargos de corrupción en la medida necesaria en una sociedad democrática;

7. Promover la especialización de personas y grupos a cargo de la lucha contra la corrupción, para brindarles los medios adecuados y el entrenamiento para realizar sus tareas;

8. Asegurar que la legislación fiscal y las autoridades a cargo de implementarla contribuyan a combatir la corrupción de una manera coordinada y efectiva, en particular a través de la prohibición de la deducibilidad fiscal, por ley o en la práctica, de mordidas o prebendas y otros gastos vinculados a la los casos de corrupción;

9. Garantizar que la organización, funcionamiento y procesos de tomas de decisiones de las administraciones públicas, tomen en cuenta la necesidad de combatir la corrupción, en particular, asegurándose de tanta transparencia como sea posible, y de manera consistente con la necesidad de alcanzar la efectividad;

10. Garantizar que las reglas relativas a los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos, tomen en cuenta los requerimientos de la lucha contra la corrupción y brinden las medidas disciplinarias efectivas y apropiadas; promover la caracterización detallada de las conductas que se esperan de los funcionarios públicos a través de los medios adecuados, incluyendo un Código de Conducta;

11. Garantizar los mecanismos adecuados de auditoría, aplicados a las actividades de la administración pública y el sector público;

12. Apoyar el papel que los procedimientos de auditoría desempeñan en la prevención y detección de la corrupción fuera de la administración pública;

13. Garantizar que el sistema de responsabilidades públicas considere las consecuencias de la conducta corrupta de los funcionarios;

14. Adaptar medidas transparentes y adecuadas para la participación pública que promuevan la competencia legítima y desincentiven a los corruptores;

15. Promover la adopción, por medio de representantes democráticamente electos, de códigos de conducta y promover las reglas para el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales para evitar la corrupción;

16. Asegurar de que los medios de comunicación tengan libertad para recibir e impartir información sobre el tema de la corrupción, sujetándose tan solo a las limitaciones y restricciones indispensables en sociedades democráticas;

17. Garantizar que las leyes civiles consideren la necesidad de combatir la corrupción y en particular que ofrezcan soluciones efectivas para aquellos cuyos derechos e intereses sean afectados por la corrupción;

18. Promover la investigación sobre el tema de la corrupción;

19. Asegurar que en cada aspecto de la lucha contra la corrupción, las conexiones posibles con el crimen organizado y el lavado de dinero, deben ser tomadas en cuenta;

20. Desarrollar al máximo posible la cooperación internacional en todas las áreas relativas a la lucha contra la corrupción.

Fuente:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680534ea6