Guerrero y sus fosas para estudiantes; Estado de México ¿basurero de mujeres desaparecidas?

Al mismo tiempo que la nación se indigna por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, en el portal SinEmbargo.mx se dio a conocer lo siguiente:

¿Ocultan cuerpos en Ecatepec? Diputado, Procurador y ONG se lanzan acusaciones

Aunque esta información ha sido pasada por alto en la mayoría de los medios de comunicación, hace recordar el estado lamentable de los derechos humanos de las mujeres en toda la geografía nacional.

Periodistas en Movimiento, otro blog informativo, publicó al respecto lo suguiente:

DE 21CUERPOS ENCONTRADOS EN EL RÍO DE LOS REMEDIOS EN ECATEPEC, 16 ERAN DE MUJERES

Por Roberto Acevedo

“Extraen de río de aguas negras 46 cuerpos, PGJEM sólo reconoce 21, de ellos 16 de mujeres
Ecatepec, Estado de México.- El diputado local, Octavio Martínez Vargas, y el defensor de los derechos humanos, David Mancera Figueroa, señalaron que en los últimos meses han sido extraídos de aguas negras del Río de los Remedios, al menos cuarenta y seis cuerpos, aunque según la PGJEM sólo reconoce veintiuno, además acusaron a un elemento de la policía de la SSC de estar detrás la desaparición de jovencitas en el corredor Tecámac-Ecatepec.

Tras, estos macabros hallazgos el legislador Octavio Martínez Vargas, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el estado de México consideró urgente la creación de una Comisión Especial del Congreso federal y local para dar seguimiento a los casos de jóvenes desaparecidas en la entidad y vigilar la actuación de la PGJEM. Pero sobre todo revertir esta problemática social acentuada en Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán.

Se pronunció por la instalación de una comisión especial de ambas legislaturas para dar resultados favorables a las familias de las más de 30 personas desaparecidas, en los años 2013 y 2014, en estos municipios.

Refirió el caso de Diana Angélica Castañeda Fuentes, de 14 años, desaparecida el 17 de septiembre del 2013, en la tercera sección del fraccionamiento, Los Héroes Ecatepec, y en días pasados fue hallada sin vida.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado de México, Octavio Martínez dijo que la semana pasada sostuvo una reunión con funcionarias de la PGJEM, en la que les detallaron de los trabajos de dragado que se realizan desde hace 4 meses, en el afluente, y que de los veintiún cuerpos que descubrieron, dieciséis son femeninos.

“Nosotros sabemos que son 46, por versiones extra oficiales, ese es el número que se nos ha dado, pero la dependencia estatal únicamente reconocen a veintiuno”, afirmó el legislador.

Resaltó que de cualquier forma, así se trate de un sólo cadáver, las autoridades deben responder por los hechos violentos que ocurren en todo el territorio estatal y sobre todo en Ecatepec y Tecámac, donde en los últimos 2 meses han desaparecido unos seis jóvenes, de entre 14 y 18 años de edad y en un año al menos veinte.

Sobre el nombre del policía estatal que está relacionado con el extravío de una joven de 15 años, llamada Selena en el fraccionamiento Real del Cid en Tecámac, hace cuatro años, Octavio Martínez señaló a Giovanni Antonio Ruiz, quien conducía ese día, jueves 26 de Mayo de 2011, un Pontiac negro sin placas.

“A pesar de que a las autoridades les hemos proporcionado las pistas y pruebas de que son policías, los que están actuando en contra de las familias y de sus hijas, la PGJEM no ha hecho nada y tal parece que son cómplices, porque guardan silencio y no se investiga para terminar con estos ilícitos”, remarcó el diputado Martínez Vargas.

Lamentó que las fiscales de homicidios, trata de personas, y demás áreas de la Procuraduría mexiquense, no informan a los padres de familia que acuden a denunciar, lo que está pasando, además de que han venido entregando cuerpos de víctimas a los quejosos que no corresponden a los de sus hijas.

Por ello, exigió al procurador, Alejandro Gómez Sánchez que dejen de ocultar y emitir información distorsionada a los familiares de las jovencitas desaparecidas, y dio a conocer que propondrá a la legislatura que se destinen recursos económicos a la PGJEM, para que puedan comprar el reactivo que se requiere para las pruebas genéticas, que dan la certeza a los deudos de que se trata de sus hijas.

“Los funcionarios de la PGJEM dicen no contar con el dinero para comprar el reactivo que se requiere para hacer las pruebas de ADN a los cadáveres, y han estado entregando cuerpos que no corresponden con la estatura y dentaduras de las jovencitas que han desaparecido”, detalló el diputado.”

Como botón de muestra de la política pública a favor de las mujeres, puede consultarse la entrada de Feminicidios en Ciudad Juárez, de la Wikipedia. En aquel lugar del país, el número estimado de mujeres asesinadas -hasta el año 2012- asciende a más de 700.

De dicha entrada de la Wikipedia, citamos un fragmento que pone en perspectiva la defensa de los derechos humanos como la ha realizado históricamente el Estado mexicano:

Justicia internacional

“Ha habido varias sentencias internacionales en contra de México por su inadecuada respuesta a la creciente violencia contra las mujeres.  De acuerdo con Livingston, «en 1998, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un informe que responsabilizaba (a México) por graves irregularidades y negligencias en general en las investigaciones estatales, incluyendo la identificación errónea de cadáveres, la imposibilidad de obtener pruebas periciales de la evidencia forense, fallas en la realización de autopsias u obtención de análisis de semen», además de «fallas en los archivos de reportes escritos, e incompetencia para llevar registros de la creciente ola de asesinatos de mujeres».

En 2004, en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y a instancias de varias organizaciones no gubernamentales, se realizó una investigación sobre las denuncias de cientos de asesinatos de mujeres y niñas que habían tenido lugar en la zona de Ciudad Juárez desde 1993.22 Para que la investigación tuviera lugar era necesario que existieran pruebas fiables de que México violaba los derechos establecidos por la CEDAW. El Comité analizó los crímenes de género ocurridos en Ciudad Juárez y encontró que las dos formas más comunes eran los asesinatos y las desapariciones. También analizó la respuesta del Gobierno y encontró que su respuesta inicial fue de indiferencia y que el Gobierno mexicano toleró estos delitos durante años. Además concluyó que las medidas adoptadas por el Estado mexicano en respuesta a las violaciones de género contra la mujer eran, al menos hasta entonces, «pocas e ineficientes a todos los niveles del Estado». Finalmente, el Comité formuló varias recomendaciones para que México pudiese cumplir. Aunque estas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, fueron influyentes en la esfera pública.

Según Amnistía Internacional, «En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre el caso “campo algodonero” que México era culpable de discriminación y de no proteger a tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez o garantizar una investigación efectiva sobre su secuestro y asesinato». La Corte ordenó a México conducir una nueva investigación de los asesinatos, crear un monumento nacional en honor a las víctimas, pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas, y mejorar las medidas de prevención e investigación adecuada de los asesinatos de mujeres.”

La entrada aludida en Wikipedia no cuenta con mayor información actualizada.

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